A un mes de los sucesos ocurridos en plaza Moreno en el marco de la masiva rateada organizada por estudiantes secundarios, volvemos a repudiar la represión de ese día y su continuidad durante las semanas siguientes como expresión de una política sistemática de represión y criminalización de la juventud.
El viernes 28 de mayo un grupo de jóvenes que se encontraba en las calles, por una rateada organizada vía facebook, fue duramente reprimido por efectivos policiales.
Creemos necesario explicitar y remarcar algunas de las características que tuvo este accionar policial:
> La represión estuvo planificada con antelación. De cualquier otra forma no podrían haberse coordinado fuerzas distintas en tan pocos minutos: la comisaría primera, la policía motorizada, la infantería, la policía montada, la policía 2, los bici-policías y muchos policías encubiertos (de civil).
> Los efectivos policiales cargaron sus itacas y dispararon balas de goma contra los chicos y las chicas. Una vez que los estudiantes se dispersaron, la policía montó un operativo para salir a detenerlos detrás de la catedral y entre las calles cercanas a la Plaza. Dicho operativo, sólo en Plaza Moreno, contó con 150 efectivos.
> Hubo en total 21 jóvenes detenidos que ni siquiera fueron anotados en el libro de guardia “porque están de paso” según explicó el comisario, desconociendo la Ley 13.482 art. 17 en donde se especifica que está prohibido el ingreso de menores a las comisarías.
> Las instituciones de niñez del municipio y la provincia llegaron a las dos horas de iniciada la represión porque no fueron avisadas por la policía.
> En la esquina de 14 y 51 la policía secuestró a una joven que durante una hora y media estuvo desaparecida.
> En la Comisaría Federal de calle 49, entre 14 y 15, fueron detenidos 4 chicos. A uno de ellos le apuntaron con un arma, lo tiraron al piso mientras le golpeaban la cabeza contra un árbol.
> Todas las detenciones fueron ilegales. “Nadie nos tiene que autorizar” fue la respuesta de efectivos de la comisaría primera.
Esto no termina acá, los viernes siguientes a este hecho, se registraron nuevos casos de represión masiva a los y las jóvenes que se reúnen en el centro de la ciudad de La Plata. Las prácticas policiales fueron igual de violentas haciendo oídos sordos al fallo pronunciado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata que prohíbe a la Policía bonaerense disponer en el ámbito de La Plata detenciones de menores de edad.
Se desconoció también el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las condiciones de los niños, niñas y jóvenes en relación a las fuerzas policiales y a los lugares de encierro. Es decir que a pesar del marco legal nacional e internacional que le exige al Estado Argentino y a la Provincia de Buenos Aires que reviertan la situación estructural de violación a los derechos humanos en la provincia, consideramos que no hay una decisión política de llevarlo a cabo.
Por el contrario, se evidencia que el único proyecto que el sciolismo elabora e instala para el futuro de los jóvenes de nuestro país es el encierro. De esta manera, nuestra lectura y nuestro repudio no puede dejar afuera la situación de las cárceles y otras instituciones de castigo, siempre alarmante y vergonzosa. Reiteradas son las denuncias por torturas tales como confinamientos en las celdas de aislamiento (“buzones”) sin atención médica, medidas de higiene, buena alimentación ni posibilidades de acceder a un patio.
Desde el Ministerio de Seguridad se legalizó la tortura por medio del programa “Violencia Cero”, según el cual las personas durante al menos nueve meses permanecen aisladas del resto de la población, sin poder estudiar y con regímenes de vida diferenciados. Las personas que ya fueron sometidas a este programa refieren que el objetivo es “quebrarnos”.
En los penales la alimentación es cada vez más reducida y es a raíz de esto que son cada vez más frecuentes los casos de muerte producto de la disputa por un pan. Los traslados continúan siendo masivos y las personas que participaron de la última huelga de hambre aún no fueron reubicadas en sus penales de origen; siguen siendo torturadas en los “buzones” de aislamiento y reprimidas por exigir al Estado que se respete nada más y nada menos que la Ley.
En este caso, y al calor de la mencionada huelga de hambre de las personas privadas de la libertad, el gobierno también marcó su postura cuando desde el Parlamento se aprobó la ley que limita las excarcelaciones. Esto fue impulsado por el gobernador Scioli en el marco de su paquete de medidas contra la “Inseguridad”.
En complicidad con este accionar represivo, desde los medios masivos de comunicación la figura de la juventud es estigmatizada como peligrosa, violenta y asociada siempre al delito y al desorden público. Esta violencia simbólica ejercida desde los medios opera como marco de legitimidad del accionar violento y discrecional de la policía.
Se detienen a niñas y niños, sin su debida notificación al defensor de menores, se los mantiene incomunicados, se los somete a torturas en las comisarías como golpes y vejaciones, que muchas veces terminan en asesinatos como en el caso de Darian Barzábal. Estas prácticas policiales son rutinas silenciosas e invisibilizadas por los medios de comunicación y el poder político.
Por todo esto, desde las organizaciones abajo firmantes exigimos:
- No al otorgamiento del poder político a la policía.
- No a la baja de la edad de imputabilidad.
- No a las detenciones ilegales de niños, niñas y jóvenes
- Aplicación real de la ley 13.298 de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños, presupuesto y políticas efectivas.
- Repudiamos la implementación de hecho del Código Contravencional de Scioli en las calles.
- Repudiamos la represión policial en Bariloche, la cual sumó tres nuevas víctimas fatales al inventario policial dando cuenta que el avance represivo tiene carácter nacional.
- Exigimos que el Estado no se haga presente en la vida de las personas sólo para encerrarlas y reprimirlas, sino para garantizarles trabajo digno, salud y educación.
- Repudiamos las amenazas y amedrentamiento a los testigos en los juicios contra agentes de las fuerzas de seguridad.
- No a la criminalización de la protesta.
